En una reunión este miércoles, especialistas vinculados a la temática de protección, prevención y rehabilitación para consumidores fallidos, expusieron en la Comisión de Defensa al Consumidor de Diputados. Se alertó que 1 de cada 4 personas tienen mora con billeteras virtuales y tarjetas de créditos. Datos del Banco Central exhiben que son 39 billones la deuda de las familias argentinas.

En una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor de Diputados en el Congreso de la Nación, especialistas vinculados a la temática de protección, prevención y rehabilitación para consumidores fallidos alertaron que 1 de cada 4 personas tienen mora con billeteras virtuales y con tarjetas de créditos. Desde el bloque oficialista solicitaron la convocatoria a otra reunión informativa para que todos puedan presentar una lista de invitados a exponer.

El bloque de Unión por la Patria llevó a la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados, a cargo de Hugo Yasky, el debate sobre el endeudamiento familiar a fin de abordar un total de 18 proyectos que buscan darle un alivio a los usuarios de tarjetas de crédito y/o tomadores de préstamos personales a través de plataformas digitales.

El encuentro se llevó a cabo este miércoles en una reunión que contó con especialistas vinculados a la temática de protección, prevención y rehabilitación para consumidores fallidos.

“Este es un tema que acucia a muchos hogares de la Argentina y es el sobreendeudamiento con tarjetas de crédito, billeteras virtuales. Es un tema que no podemos seguir dilatando”, comentó Yasky.

Al tomar la palabra, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, manifestó que el eje del encuentro es retomar un debate que ya se discutió el año pasado en la comisión. “No hay ningún ánimo de sacar despacho en la jornada de hoy”, aclaró el santafecino en manifestaciones que reprodujo el portal parlamentario.com.

Los expositores

Abrió la ronda de expositores la socióloga y docente Luci Cavallero quien precisó que son 39 billones de deudas que tienen las familias argentinas y se basó en datos del Banco Central: “Hay un fuerte incremento de morosidad históricos, los más altos en los últimos 20 años. No es solo mora bancaria, sino también se genera en préstamos que se sacan de las famosas empresas de finanzas digitales”, e indicó que 1 de cada 4 personas tienen mora con esas billeteras virtuales.

Cavallero señaló que los estudios que se vienen realizando hace más de un año hablando de un endeudamiento de 7 de cada 10 argentinos. “No es un endeudamiento circunstancial sino dedicado a poder subsistir y son usados para los gastos básicos”.

“Estamos en un modelo macro económico que genera ingresos pisados y políticas de desregulación. Hay tasas de interés usureras y dan vergüenza. En ese contexto crece la mora y el endeudamiento de las familias”, planteó.

La socióloga manifestó que se trata de un problema de sustentabilidad económica de las familias y consideró que “el Congreso tiene que estar a la altura para poder darle a las familias un alivio. El endeudamiento está desorganizando la vida y está generando problemas de salud y violencia en la gente”.

“La deuda es un mecanismo político porque individualiza y aísla a las personas haciéndole creer que esa deuda es un índice de fracaso individual cuando el problema es la macroeconomía que arroja a más argentinos a tener que endeudarse y a tener pluriempleo”, apuntó y detalló que las personas endeudadas “usan el crédito para cubrir gastos esenciales, altos niveles de angustia y estrés crónico, deterioro de salud física, imposibilidad de cubrir necesidades básicas”.

Cavallero cuestionó que “hay falta de información clara y accesible sobre las deudas, no hay condiciones de refinanciación, hay ausencia de instancias de negociación, no hay regulación de billeteras virtuales, prácticas abusivas de sistemas de cobranzas. Los bancos ofrecen refinanciaciones con cuotas que exceden la capacidad real de pago, inducen a la mora, entre otras”.

Por último, planteó que el proyecto de ley debe establecer acceso a la información, regulación de intereses, proteger los ingresos, regular los débitos automáticos, regulación de cobranzas y generar instancias de negociación. Que los montos de descuento no pueden dejar por debajo de la línea de pobreza a las familias, regulación de tasas fijadas en relación al costo de vida. Fomentar la responsabilidad de los bancos y las empresas virtuales”.

Arturo Pozzali, doctor en Ciencias Económicas y defensor Adjunto del Pueblo –CABA-, afirmó que “hay un aumento sistemático de consultas y reclamos de familias que no están pudiendo cumplir con el pago. Tienen la voluntad de pago, pero no la capacidad”.

“Aquellos que hoy tienen un crédito hipotecario y problemáticas mayores hay que atender porque las familias no se endeudan para comprar una casa. La morosidad está llegando casi al 22% y esto es algo que no debería volver a pasar”, expresó y agregó: “Lo que está afectando mucho a las familias es la mora automática y debería ser tratado en los proyectos”. En otro aspecto criticó que, a diferencia de los bancos, “la comunicación con las billeteras virtuales es muy dificultosa y cada vez es más compleja”.

Virtualmente, Ariadna Ciammarriello, coordinadora del Área Financiera de la Oficina de Derechos de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios del Consejo Municipal de Rosario, Santa Fe, explicó que “hoy casi se equipara el pedido de la gente de financiación de deuda, del último año, con las denuncias en cuestión de estafas virtuales”. En referencia a esto, resaltó que “el consumidor que viene a la oficina realmente tiene voluntad de pago”. Además, cuestionó la “expansión agresiva, fácil e inmediata del crédito” y “la falta de responsabilidad que tiene las entidades bancarias en evaluar la capacidad crediticia del usuario”.

El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, manifestó que “el negocio es la refinanciación, tasas de 500 o 600 %, que lo vemos en los barrios cuando hablamos con los jubilados, que están produciendo la quiebra de las familias sin ninguna herramienta de solución para los millones de argentinos que están sobreendeudados como consecuencia del plan económico”.

Bussetti propuso que “el mecanismo, que sigue siendo un paliativo, tiene que ser algo jurídico que le permita al usuario sentarse con el acreedor para que pueda refinanciar su deuda como lo hacen las empresas, y que pueda funcionar en todo el país”.

La contadora pública Alejandra Fernández Scarano, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y actual secretaria de Hacienda, Producción y Comercio de la Municipalidad de Hurlingham, presentó un informe acerca de la morosidad en tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales. “A peor calidad del crédito la tasa es mayor porque hay una mayor morosidad y mayor riesgo”, sentenció.

En la continuidad expuso Gabriel Martínez Medrano, director de Legales de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc), basó su exposición en el “Régimen de Segunda Oportunidad”, basándose en la experiencia española.

Con respecto a la situación de nuestro país, especificó que “jurídicamente, el principal problema que hay es la fragmentación de las deudas de los consumidores, que se acentúa por las sesiones de créditos”. En esa línea, agregó: “Para las personas que no son comerciantes no existe un mecanismo fácil, barato, rápido y justo para los acreedores que se pueda hacer”.

En representación de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, reflexionó que “si hablamos solamente de las personas sobreendeudadas, estamos trabajando sobre las consecuencias únicamente”. “La solución es que se recupere la capacidad adquisitiva de los salarios y de las jubilaciones”, recalcó.

Al comienzo del encuentro, los legisladores completaron cargos directivos de la comisión que restaban designar. En ese sentido, para la vicepresidencia segunda fue avalado el diputado nacional Marcelo Barbur (UP). Y, para las secretarías primera y tercera fueron elegidos Rosario Goitia (LLA) y Sergio Casas (UP), respectivamente.