En la causa, que tardó unos 18 años en llegar a juicio, se investigó el desvío de fondos del Senado provincial durante el año 1999, en una suma que superó los 6 millones de pesos/dólares, a raíz de maniobras que no fueron respaldadas con comprobantes.

La sentencia condenatoria refrenda también el acuerdo rubricado entre las partes con respecto a los otros dos imputados: Maximiliano Alanís y José Crettón Pereyra, quienes reconocieron su autoría en el hecho y aceptaron una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional.

El tribunal consideró culpables a los acusados por el delito de peculado en modalidad continuada. En la lectura del fallo, los jueces señalaron que se tuvo en cuenta como atenuante la inexistencia de delitos anteriores y la demora en el largo proceso de juicio. Asimismo, marcaron como agravantes “la cuantiosa suma de dinero y el daño irreversible, porque no se sabe cuál fue el destino de ese dinero” y los deberes de funcionario público incumplidos como máximas autoridades institucionales.

Los magistrados también aludieron en su fallo a la modalidad continuada del peculado, al haberse concretado en conductas reiteradas “mes a mes, producto del mismo plan”. “Cada uno de los imputados obró con conocimiento de lo que podía ser un delito”, se acotó.

Otro de los puntos salientes de la sentencia fue la advertencia que lanzó el tribunal sobre la actuación que desarrolló el Tribunal de Cuentas y sus representantes en aquel momento, quienes tenían una oficina permanente en la Legislatura provincial con auditores en terreno.