El hasta hace horas diputado provincial del PJ asumirá la presidencia del Tribunal de Cuentas. Las apelaciones al organismo de control en los casos de corrupción.

El miércoles asume Diego Lara la presidencia del Tribunal de Cuentas. Será el primero en alcanzar el cargo luego de un proceso de evaluación en el Consejo de la Magistratura, como lo estableció la Constitución en 2008.

El organismo de control tiene una historia oscura de décadas. Su función y atribuciones fueron manipuladas en diferentes procesos políticos y, cuando se intentó darle un plafón jurídico de acuerdo a los objetivos por los que se creó, fue aún peor.

Durante el proceso preparatorio a que comience a sesionar la Convención Constituyente hubo entusiasmo en restituirle funciones al Tribunal de Cuentas. La más importante: la facultad de promover un juicio de responsabilidad. Esto significaba llevar a un funcionario a juicio como responsable ante la presunción de irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Esta facultad fue eliminada mediante una modificación de la ley orgánica del organismo en 1993, durante el gobierno neoliberal de Mario Moine.

El Tribunal de Cuentas presidido por Hugo Molina – designado por Jorge Busti – podía iniciar una demanda en su ámbito a un funcionario que se presumía que había cometido perjuicio al Estado. Se trataba de un juicio que se desarrollaba con amplitud de pruebas y terminaba con una sentencia, apelable por recurso de inconstitucionalidad ante el Superio Tribunal de Justicia (STJ). Con la restricción, el organismo quedó acotado sólo a lo renditivo. Es decir, a casi nada.

La modificación fue una respuesta al escándalo de la causa conocida como “cajas de alimentos”. Uno de los vocales del organismo de control, José Rubén Morel, decidió investigar el desvío de fondos en el que estaban involucrados disputados justicialistas. El fin de la historia terminó con la causa penal prescripta y Morel destituido por la mismísima Cámara de Diputados en un Jury, cuya causal fue haberse pasado unos días de vacaciones de los establecidos fuera del organismo.

El tribunal como prueba

A la salida de Molina le siguió el ingreso de Guillermo Smaldone, que venía de desempeñarse en el Ministerio de Trabajo y que, además, tenía una estrecha relación con quien lo designó: el entonces gobernador Sergio Urribarri.

Su llegada al Tribunal de Cuentas se judicializó porque no se había hecho el concurso como está previsto en la Constitución. En rigor, ese artículo no estaba reglamentado. Asumió Gustavo Bordet y ante un supuesto fallo adverso para el joven abogado por parte del STJ, que tardó años y finalmente no resolvió, se decidió pedirle a Smaldone que dé un paso al costado y designar interinamente al abogado más antiguo hasta tanto la Legislatura reglamente el artículo constitucional y se llame a concurso. En esa circunstancia asumió Federico Tomas.

Durante el primer mandato de Bordet llegaron a la Justicia causas de corrupción en las que las apelaciones al Tribunal de Cuentas fueron asiduas. La defensa de Urribarri ha dicho en la mayoría de las audiencias que el organismo de control jamás objetó un gasto del ahora embajador en Israel. Lo mismo Contaduría y Tesorería, los otros dos organismos de control, quizás más importantes.

Tiene razón la defensa de Urribarri. El Tribunal de Cuentas ha hecho dos cosas: no ha objetado los gastos de ninguna gestión. Y en caso de dudas no se ha expedido, por ejemplo respecto a los gastos en la Cumbre del Mercosur y que datan de diciembre de 2014. Tomas dejará la presidencia después de cuatro años sin decidir si esos gastos fueron bien o mal ejecutados.

En el juicio que debió enfrentar después de una década Héctor Alanis por desvíos de fondos en el Senado cuando se desempeñaba como vicegobernador de Busti es aún más patético. Su defensor Julio Federik reveló en audiencia pública que la documentación del Tribunal de Cuentas se quemó. Una maravilla.

Lara asume el miércoles con esta historia. La impugnación que hizo la oposición fue de manual: no cree que un dirigente justicialista audite la gestión de su fuerza. Lo cierto es que ganó un concurso en el que también participaron radicales.

Su cargo, que puede ejercerlo hasta su jubilación si no comete irregularidades que lo puedan enfrentar a un proceso de destitución, lo asumirá bajo un marco jurídico que no prevé el juicio de responsabilidad. También en una provincia que hace 15 años debe una ley de Ética Pública.

Fuente: Página Política